Preguntas Frecuentes

Gobierno Abierto es el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

El proceso de Estado Abierto, en el cual Costa Rica es pionero a nivel mundial, inició en 2015 a raíz de los resultados del estudio que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Gobierno Abierto en Costa Rica. El estudio reconoció la labor del país en consolidar acciones estatales y de co-creación con sociedad civil, empresa y academia y sirvió como impulso para que el 25 de noviembre de ese año el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones firmaran conjuntamente la Declaratoria para la Creación de un Estado Abierto en Costa Rica. 

Esta Declaración fue complementada con la firma el 21 de marzo del 2017 del Convenio Marco para Promover un Estado Abierto, al cual se suscribieron los representantes de todos los Poderes de la República con el objetivo de consolidar su compromiso de fomentar un Estado transparente, eficiente y efectivo, que promueva la lucha contra la corrupción y garantice la participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto que fortalezca la confianza de la ciudadanía y cumpla con el derecho humano de acceso a la información pública y la participación ciudadana. El Convenio establece las políticas que se seguirán para construir un Estado Abierto y busca articular las iniciativas de Gobierno Abierto para impulsar la agenda como un proyecto país.

En la actual Administración Alvarado Quesada dicho Convenio fue ratificado por los cuatro Poderes de la República el 2 de abril del 2019 con la firma del Compromiso Marco para el Fortalecimiento del Estado Abierto y el Diálogo Nacional, en el cual todos los Poderes se comprometen a establecer la participación de la comunidad nacional en sus diferentes niveles como un mecanismo asertivo de toma de decisiones que facilite la gobernanza y estabilidad política de nuestro país.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) es una organización multilateral que promueve políticas de derecho de acceso a la información pública, participación ciudadana y lucha contra la corrupción en cada uno de sus Estados miembros. Así, mediante la creación de planes de acción nacionales con compromisos concretos y realizables se busca abordar desafíos comunes para la consecución de un gobierno abierto.

La Alianza para el Gobierno Abierto establece un serie de pasos dirigidos a los Estados que deseen ser miembros de la misma:

  • Demostrar compromiso con las cuatro áreas de elegibilidad: Transparencia fiscal, Acceso a la información, Divulgación pública de ingresos y activos de personas funcionarias y Compromiso ciudadano 
  • Enviar una carta que exprese formalmente la intención del gobierno para unirse a OGP y su compromiso de respeto al gobierno abierto y a los principios articulados en la Declaración de Gobierno Abierto
  • Determinar una persona funcionaria de alto nivel como Punto de Contacto con la Alianza
  • Desarrollar un plan de acción en conjunto con la sociedad civil

Costa Rica es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el 2012. Desde entonces Costa Rica ha desarrollado tres planes de acción bianuales (2013-2014, 2015-2017 y 2017-2019) y ha sido destacado como referente internacional al ser el primer miembro de OGP en incluir en el proceso al Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Elecciones y municipalidades como parte de su compromiso de convertirse en un Estado Abierto. Actualmente nos encontramos en la construcción del IV Plan de Acción, que corresponde al período 2019-2021.

Como parte de sus responsabilidades al ser parte de OGP, cada país miembro debe conformar un foro multiactor y multisectorial con representantes de gobierno, sociedad civil, sector privado y academia en el que conjuntamente se supervise y se le dé seguimiento permanente al proceso de OGP. En Costa Rica fue en marzo del 2014 cuando se crea la primera plataforma de diálogo permanente conocida como la Comisión Intersectorial de Gobierno Abierto.

En abril del 2015, bajo la administración del presidente Luis Guillermo Solís, dicha comisión es reemplazada por decreto ejecutivo por la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto (CNGA), la cual se mantiene vigente y está conformada por cinco representantes de gobierno y cuatro no gubernamentales, estos últimos asignados de la siguiente forma: 

– Dos representantes de la Sociedad Civil, elegidos por el Ministerio de la Presidencia mediante postulación entre las organizaciones sociales que estén vinculadas en sus objetivos y en su trabajo con los temas de la Comisión.

– Un representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), nombrado por el máximo órgano colegiado de esa institución.

– Un representante de las Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, nombrado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

La CNGA tiene como objetivo coordinar y facilitar la implementación del Gobierno Abierto al acompañar la formulación y evaluación de los planes de acción nacionales. Entre sus otras funciones están promover políticas, lineamientos, estrategias y metodología de evaluación en materia de Gobierno Abierto. Además, coordina las acciones necesarias para cumplir los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

Un plan de acción es la ruta de trabajo elaborada en conjunto entre el Gobierno y la sociedad civil en la cual se plasman una serie de compromisos claros y ambiciosos para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión. En Costa Rica el proceso de elaboración e implementación del plan de acción incluye también a representantes del sector privado y de la academia con el fin de hacer el proceso lo más inclusivo y participativo posible y así asegurar reformas de gobierno abierto perdurables. Los planes de acción se construyen a partir de problemáticas identificadas por las distintas partes para cuya  resolución se formulan compromisos ejecutables en un plazo de 2 años.

Los planes de acción se deben construir por medio de procesos participativos que convoquen a todos los actores sociales interesados en aportar sus perspectivas, ya sean organizaciones de sociedad civil, empresas del sector privado, academia, instituciones públicas o ciudadanía en general. Para esto se debe cumplir con los Estándares de Participación y Co-Creación de OGP, los cuales buscan asegurar una comunicación proactiva sobre el desarrollo del proceso de construcción del plan y sus avances, así como la apertura de amplios mecanismos de consulta y de involucramiento de la ciudadanía por diferentes medios, tanto presenciales como en línea.

Los planes de acción están compuestos por compromisos específicos, medibles y acotados que deben ser relevantes a los valores de transparencia, rendición de cuentas y participación pública y deben promover reformas ambiciosas de gobierno abierto que exijan al gobierno a ir más allá del status quo. Los compromisos deben ajustarse a una plantilla estandarizada elaborada por OGP en la cual se deben incluir elementos como: la institución encargada de implementar el compromiso y sus contrapartes, una explicación de cómo el compromiso ayudará a resolver un problema social específico, hitos de cumplimiento, presupuesto, relación con otros planes gubernamentales, entre otros.

El Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de OGP nombra a un investigador independiente por país miembro que se encarga de realizar una evaluación a cada plan de acción. Esta evaluación se divide en dos informes: un primer informe que examina el nivel del proceso de co-creación del plan y de redacción de los compromisos, y un segundo informe que se enfoca en el cumplimiento final de los compromisos. 

Los gobiernos también deben producir un Reporte de Auto-Evaluación al final del periodo de implementación del plan de acción. Este reporte debe examinar los resultados finales de las reformas y compromisos incluidos en el plan, las consultas realizadas durante su implementación y las lecciones aprendidas.  

Además, la Comisión Nacional de Gobierno Abierto se encargará de supervisar los avances en la implementación del plan, para lo cual utilizará un panel de visualización del cumplimiento de los compromisos, el cual estará disponible públicamente en el sitio web de Gobierno Abierto Costa Rica y será actualizado regularmente. 

Costa Rica ha incluido un total de 58 compromisos en los tres planes de acción que ha desarrollado hasta la fecha. Los primeros dos planes de acción incorporaron 23 compromisos cada uno, mientras que el tercero incluyó 12. 

En términos de ambición de los compromisos, el análisis realizado por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de OGP determinó que el primer plan de acción contó con un único compromiso que fue evaluado como estelar; mientras que el segundo plan contó con dos compromisos estelares, tres significativos y uno excepcional.  

En cuanto a su implementación, 10 de los 23 compromisos del primer plan de acción lograron ser completados o tener un avance sustancial al final de su periodo de vigencia. En el caso del segundo plan de acción, 16 de los 23 compromisos fueron completados o tuvieron un avance sustancial. 

En lo que respecta a las áreas temáticas más comunes incluidas en estos tres planes de acción, se encuentra que la más común fue gobierno electrónico, al cual se le han dedicado 18 compromisos. Por detrás le sigue el área de creación de capacidad con 13 compromisos y la promulgación de legislación y regulación con 5 compromisos. Otras áreas que se han incluido en los compromisos son: participación pública, lucha contra la corrupción, medio ambiente y clima, género, justicia, infraestructura y transporte, acceso a la información, contrataciones públicas, auditorías y controles, comunidades marginadas, migración y prestación de servicios públicos. 

Algunas de las políticas más significativas que han surgido de compromisos incluidos en los planes de acción incluyen al Mecanismo General de Consulta Indígena, el Índice de Transparencia en el Sector Público y la Política Nacional de Datos Abiertos. 

Es importante resaltar que como parte de su compromiso por un Estado Abierto, Costa Rica incluyó en su tercer plan de acción nacional compromisos específicamente enfocados en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los gobiernos locales. Esta iniciativa se repetirá en el cuarto plan, con el objetivo de que éste se convierta en un verdadero Plan de Acción Nacional de Estado Abierto. 

El IV Plan de Acción 2019-2021 está a cargo del Ministerio de Comunicación como Punto de Contacto del gobierno ante la Alianza para el Gobierno Abierto . En esta oportunidad, la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA) será gestor de la propuesta técnica y responsable de implementar la metodología de co-creación del plan tras obtener el fondo de Apoyo a la participación y creación conjunta de planes de acción nacionales / locales de OGP financiado por el Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples de OGP. 

Además de ACCESA, el equipo de socios que dará apoyo al proceso estará compuesto por las siguientes organizaciones: 

  •  Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
  •  Agencia de comunicación Indefinido
  •  Costa Rica Integra
  •  Kubadili
  •  Global Integrity

Este equipo de apoyo técnico, a su vez, será  asesorado por un equipo de miembros de las Comisiones de Gobierno Abierto y de Datos Abiertos.